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[Actie Guatemala] Een mailtje aan de president


ma, 22/03/2010 - 08:48 - Sam Verhaert

CATAPA ondersteunt de oproep om de president van Guatemala een brief te schrijven. De Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) heeft de Guatemalteekse regering immers gevraagd om twee mijnbouwprojecten stop te zetten, zolang er geen zekerheid is over de mogelijke milieu-impact. Ook eist de IAO dat de staat de inheemse volkeren raadpleegt. De regering heeft 30 dagen de tijd om te beslissen.

De actie is een initiatief van Maritimes-Guatemala Breaking the Silence Solidarity Network en loopt nog tot 2 april 2010.

Je kan de Spaanstalige brief hieronder op eigen naam als een email verzenden, of je kan ervoor kiezen om als organisatie te ondertekenen. Stuur dan de naam van je organisatie en de contactinformatie naar bridget@nisgua.org en  collectifguatemala3@gmail.com vóór 2 april. Onderaan staat een Engelse vertaling van de brief.

Kopieer onderstaande tekst in een emailbericht en onderteken met jouw naam. De gemeenschappen van San Miguel en San Juan Sacatepéquez zullen je dankbaar zijn. (Foto a.drian)

Señor Álvaro Colom
Presidente de la República de Guatemala
Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia
Palacio Nacional De La Cultura, 6ª avenida y 6ª calle zona 1. Guatemala. Guatemala. 1er. Nivel, ala Poniente Sala 16. Oficina: (502) 2251-4144, 2339-2501 al 04.
cartapresidente@scspr.gob.gt 

Señor Dr. Rafael Espada
Vicepresidente de la República de Guatemala2
6ta. Avenida 4-19, zona 1, Casa Presidencial, Puerta Norte Guatemala, Centroamérica 01001 
PBX: (502) 2321-21213 

 

Señor Presidente y Señor Vicepresidente: 

Me dirijo a Ustedes en relación con la situación de los Pueblos Indígenas en Guatemala. En particular, para solicitar el cumplimiento de las Recomendaciones de la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo –OIT-, acerca de la protección de los pueblos indígenas afectados por la autorización de actividades mineras y el cumplimiento de la Petición Constitucional presentada el 2 de marzo de este año en la Secretaria General de la República4 que hace ejecutivas las recomendaciones de la Comisión de Expertos.   

Como es de su conocimiento, la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo –OIT- de las Naciones Unidas, emitió el Informe de 2009 publicado recientemente5.    La Comisión de Expertos de la OIT es un órgano que realiza un examen técnico e independiente sobre la práctica nacional de los Estados en el cumplimiento de las obligaciones internacionales sobre los convenios ratificados ante la OIT.  En esta misión, evalúa la información enviada por los Estados, los empleadores y trabajadores, formulando recomendaciones con el fin de garantizar el efectivo cumplimiento de los convenios.   

Para el caso de Guatemala, la Comisión de Expertos evaluó las situaciones de San Juan Sacatepéquez y la empresa cementera, la situación en Guatemala respecto a las tierras y los salarios, la acción coordinada y sistemática de la participación de los pueblos indígenas, la legislación en materia de consulta y participación, y respecto a la situación de comunidades indígenas y falta de consulta de la licencia minera otorgada a la Compañía Montana Exploradora de Guatemala, S.A., subsidiaria de la canadiense Goldcorp, Inc.   

Para el Caso de San Juan Sacatepéquez, la Comisión desea señalar a la tención del Gobierno que el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente, se desprende directamente del Convenio independientemente de que se haya reflejado o no en algún texto legislativo nacional específico. Asimismo, desea señalar que es el Gobierno el que tiene la obligación de asegurarse de que los pueblos indígenas sean consultados de conformidad con el Convenio y no los particulares o las empresas privadas.

La Comisión insta, por lo tanto, al Gobierno a que: 

i)  alinee la legislación existente, tal como la Ley de Minería, con los artículos 6, 7 y 15 del Convenio;

ii)  adopte sin demora todas las medidas necesarias para entablar de buena fe un diálogo constructivo entre todas las partes interesadas conforme a los requisitos previstos en el artículo 6 del Convenio que permita buscar soluciones apropiadas a la situación en un clima de mutua confianza y respeto, tomando en cuenta la obligación del Gobierno de garantizar la integridad social, cultural y económica de los pueblos indígenas de acuerdo con el espíritu del Convenio, y

iii) se suspendan inmediatamente las actividades alegadas en tanto se lleve a cabo este diálogo y se evalúe, con la participación de los pueblos interesados, la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente de las actividades previstas y la medida en que los intereses de los pueblos indígenas se verían perjudicados, según lo dispuesto por artículos 7 y 15 del Convenio. 

La Comisión de Expertos, también insta al Gobierno que se sirva adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el establecimiento de mecanismos apropiados de consulta y participación tal y como está previsto en el Convenio, tomando en consideración su observación general de 2008, y comunicar información detallada a este respecto. La Comisión recuerda al Gobierno que puede solicitar la asistencia técnica de la Oficina y le solicita que proporcione informaciones detalladas sobre las medidas previstas para adoptar y aplicar una legislación en materia de consulta. Sírvase proporcionar información sobre la aplicación en la práctica del artículo 26 de la Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. 

En cuanto a las licencias mineras otorgadas a Montana-Goldcorp en San Marcos, la Comisión había señalado a la atención del Gobierno que esos riesgos deben ser objeto de la consulta previa contemplada en el artículo 15, párrafo 2), del Convenio, junto con los estudios previstos en el artículo 7, párrafo 3), del Convenio. En consecuencia, la Comisión, al tomar nota de que la memoria del Gobierno reitera la información presentada con anterioridad, expresa su preocupación en relación con la falta de progresos en este caso objeto de examen e insta al Gobierno a que suspenda la explotación referida hasta que se realicen los estudios contemplados en el artículo 7, párrafo 3), del Convenio y las consultas previas previstas en el artículo 15, párrafo 2), del Convenio, y que proporcione información detallada a este respecto. Además, la Comisión solicita al Gobierno que tome las medidas necesarias para aclarar los incidentes en que perdió la vida un poblador en la manifestación contra la instalación de un cilindro destinado a la mina, y a que proporcione informaciones detalladas sobre el particular. 

Quedamos a la espera de su respuesta, con la confianza que sea positiva, hacia la efectiva protección de los derechos humanos de las Comunidades Mayas en Guatemala, y del cumplimiento del derecho internacional y nacional aplicable.  

Atentamente,

[Jouw naam]

En nombre del Comité Académico y Técnico de Asesoramiento a Problemas Ambientales - CATAPA
www.catapa.be/es
Gant, Bélgica, Europa

 

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Mr. Álvaro Colom
President of the Republic of Guatemala1
Secretary of Social Communication of the Presidency
Palacio Nacional De La Cultura, 6ª avenida y 6ª calle zona 1. Guatemala. Guatemala. 1er. Nivel, ala Poniente Sala 16. Oficina: (502) 2251-4144, 2339-2501 al 04.
cartapresidente@scspr.gob.gt 

Dr. Rafael Espada
Vice-President of the Republic of Guatemala2
6ta. Avenida 4-19, zona 1, Casa Presidencial, Puerta Norte Guatemala, Centroamérica 01001 
PBX: (502) 2321-21213 

 

March 2010 

Mr. President and Mr. Vice-President:  

Re: Implementation of ILO Committee of Experts’ Recommendations 

I write you regarding the situation of Indigenous Peoples in Guatemala. In particular, we write to request the Government’s compliance with the recommendations of the Committee of Experts of the International Labor Organization (ILO) regarding the protection of indigenous peoples affected by the authorization of mining activities, as well as compliance with the Constitutional Petition presented March 2, 2010 to the Secretary General of the Republic4, which executes the recommendations of the Committee of Experts.  

As you know, the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations of the International Labor Organization (ILO) of the United Nations, recently published its 2009 report5.  The ILO Committee of Experts is an executive body that carries out independent technical reviews of the national practice of States’ compliance with international obligations that are part of ratified ILO conventions. In this undertaking, it evaluates the information sent by States, employees, and workers, creating recommendations to guarantee effective compliance with the conventions.  

The Committee of Experts evaluated the case of San Juan Sacatepequez and the cement company working there. It also looked at the situation of land and salaries, coordinated actions and systematic participation of indigenous peoples, and the legislation on consultation and participation. In addition, it examined the situation of indigenous communities and lack of consultation regarding the mining license given to Montana Exploradora, S.A., subsidiary of Canadian mining company Goldcorp, Inc.    

In the case of San Juan Sacatepequez, the Committee calls to the attention of the Government that indigenous peoples have the right to be consulted every time that actions that directly affect them are planned. This right is clearly established in the Convention regardless of whether it is reflected in any national legislation. Additionally, the Committee notes that it is the Government that has the obligation to insure that indigenous peoples are consulted according to the Convention and not according to the practices of private enterprises. 

Hence, the Committee urges the government to:  

    1. Align the existing legislation, such as the Mining Law, with Articles 6, 7 and 15 of the Convention
    2. Adopt without delay all of the necessary means to engage in a constructive dialogue in good faith among all interested parties under the requirements provided in Article 6 of the Convention, which allows for seeking appropriate solutions to cases in a climate of mutual trust and respect, and taking into account the obligation of the State to guarantee the social, cultural and economic integrity of indigenous peoples according to the spirit of the Convention, and
    3. The immediate suspension of the alleged activities while this dialogue is taking place; and an evaluation, with the participation of the interested populations, of the social, spiritual, cultural and environmental impacts of the planned activities, and of the extent to which the interests of indigenous peoples would be harmed, according to the provisions for Articles 7 and 15 of the Convention.

 

The Committee of Experts also urges the Government to take all necessary measures to ensure the establishment of appropriate mechanisms for consultation and participation as mentioned in the Convention, taking into consideration the Committee’s general observation in 2008 and providing detailed information in this regard. The Committee reminds the Government that it can request the technical assistance of the ILO and requests the Government to provide detailed information on the measures it intends to use to adopt and implement legislation on consultation. Please also provide information on the practical application of Article 26 of the Law of Urban and Rural Development Councils. 

Regarding the mining licenses granted to Montana Exploradora – Goldcorp Inc. in San Marcos, the Committee has called to the attention of the government that the mining activities should be subject to previous consultation which is contemplated in Article 15, paragraph 2 of the Convention, together with the studies provided in Article 7, paragraph 3 of the Convention. As a result, the Committee, noting that the Government's report repeats the information previously presented, expressed its concern related to the lack of progress in this case subject to review and urges the Government to suspend the exploitation referred to until the studies outlined in Article 7, paragraph 3 of the Convention are completed, as well as the prior consultation outlined in article 15, paragraph 2 of the Convention. We ask that detailed information be given in these regards. In addition, the Committee requests the Government to take the necessary means to clarify the incidents which led to the death of a citizen during a protest against the installation of a cylinder destined for the mine, and that it give detailed information thereon. 

We await your positive response towards the effective protection of the human rights of Mayan communities in Guatemala and compliance with applicable international and national laws.  

Respectfully yours, 

 

 

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