Hace un mes, los defensores de los derechos humanos e indígenas, y de las organizaciones en defensa del territorio como FREDEMI (Frente de Defensa Miguelense), miembro del CPO (Consejo de los Pueblos de Occidente) aplaudieron la decisión del gobierno de Guatemala de suspender la mina Marlin. Sin embargo, las mismas organizaciones se abstuvieron de dar declaraciones celebratorias. El CPO declaró su exigencia de que se agilice el proceso administrativo para que entre en vigencia la suspensión sin más prorrogas para que este compromiso no se quede en el discurso. Un mes después constatamos por qué el CPO se mostró preocupado, ya que hasta la fecha, los vecinos de la mina no han visto ninguna señal de la aplicación de medidas cautelares, mientras el gobierno está buscando cualquier argumento para negar las acusaciones, apoyando a la empresa Goldcorp.

El día 23 de junio, nos enteramos de la resolución del gobierno de Álvaro Colom de suspender la mina Marlin, explotada por la transnacional Canadiense Golcorp. La decisión es parte de un compromiso más largo de acatar las cinco medidas cautelares, pedidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (Lea más) La CIDH otorgó estas medidas con el fin de proteger los derechos humanos de los vecinos de la mina Marlin en el municipio de de San Miguel Ixtahuacán, así como de prevenir mayor contaminación en el ambiente y daños a la salud. Entre las medidas cautelares se encuentran la descontaminación de las fuentes de agua, atender los problemas de salud, proteger la vida de los vecinos e implementar estas medidas con la participación de ellos.

La decisión del gobierno de acatar las medidas cautelares sorprendió a muchos. No era la primera vez que una institución internacional con mayor autoridad haya hecho declaraciones semejantes sobre la minería en San Miguel Ixtahuacán. En este año, primero el CERD, Comité para la Eliminación de Discriminación Racial de la ONU, condenó al estado Guatemalteco de autorizar un despojo de tierras indígenas, después el Comité de Expertos de la OIT, Organización Internacional del Trabajo de la ONU, pidió al gobierno de Guatemala la suspensión de la misma mina Marlin. En ninguno de estos dos casos el gobierno tomó alguna acción para cumplir con las medidas otorgadas para reinstaurar la justicia y proteger su población.

Pero esta vez, la respuesta del gobierno fue diferente. En su respuesta a la CIDH afirma su compromiso para cumplir las medidas cautelares. No obstante, en el mismo documento niega rotundamente la legitimidad de estas medidas. Según el gobierno de Guatemala, no hay ninguna violación a los derechos humanos, no hay ningún tipo de contaminación del agua, y tampoco hay problemas de seguridad en el municipio de San Miguel Ixtahuacán. La pregunta es: ¿cómo va a conciliar este gobierno su compromiso de suspender la mina Marlin y su apoyo a la empresa?. ¿O será que poco a poco ya se está retractando de hacer efectiva la suspensión?

Las denuncias con fundamento científico contra la mina Marlin no son nuevas. Este año, expertos internacionales de la Universidad de Michigan presentaron los resultados de un estudio preliminar de salud, que puede servir como línea de base para futuros estudios en San Miguel. Aunque el estudio era de menor alcance, la metodología fue basada en los estándares más altos. Los expertos concluyeron que hay razones para preocuparse por la situación de salud de la población de San Miguel. Aunque la mina llevaba solo cinco años al momento de la investigación, ya se está constatando que la gente que vive cerca de la mina tiene mayores niveles de ciertos metales en la sangre y orina que la gente que vive lejos. En cuanto a los ríos, se comprobó los resultados de los monitoreos de la COPAE que dice que el agua de los ríos debajo de la mina tiene niveles más altos de metales relacionados con la minería que el agua arriba de la mina. Los expertos anunciaron que, basándose en pronósticos científicos se espera mayor contaminación en los años que vienen, ya que la mina Marlin es relativamente nueva y la contaminación es al largo plazo. Los mismos investigadores hicieron otra llamada al gobierno de Guatemala en cuanto a su responsabilidad de tomar medidas para proteger la vida de su población. (Lea más)

En su respuesta inmediata, el ministro de ambiente Luis Ferraté declaró que los resultados del estudio de la Universidad de Michigan no corresponden con un estudio de la Universidad de Texas, concluyendo que no hay contaminación en el agua de los municipios aledaños a la Mina Marlín. (Fuente) Sin embargo, cuando el diputado Hector Nuila le pidió más información sobre este estudio, el ministro de medioambiente tuvo que reconocer que no se trata de la Universidad de Texas, sino de un laboratorio privado, llamado Ana-Lab Corporation. Lo cierto es que este laboratorio igual está ubicado en el estado de Texas. Además, dicho estudio se basa en un único muestreo, por lo cual puede considerarse como un estudio preliminar. El ministro de ambiente está conformándose con el hecho de que un estudio de un laboratorio privado dice que no hay contaminación, entonces no hay razón de preocuparse. Por otro lado expertos internacionales están gritando que hay que tomar previsiones ahora porque estamos en riesgo de una mayor contaminación.

Otro problema clave es el daño que las voladuras en la mina Marlin y el transporte pesado están causando a las estructuras de las casas alrededor de la mina. Los vecinos de la mina llamaron la atención, denunciando la formación de largas rajaduras en sus casas, que antes nunca se habían visto. Durante dos años, un equipo de ingenieros calificados de UUSC (Unitarian Universalist Service Committee) acudió a la llamada de las comunidades, realizando un monitoreo de las casas de la región. En el estudio incluyeron casas que están cerca, así como casas que están lejos de la mina como puntos de referencia. En su conclusión, los ingenieros descartan que las rajaduras sean causadas por deslizamientos, terremotos, hundimientos, agua superficial o subterranea, así como hinchamiento por suelos arcillosos, por lo que las causas encontradas (por eliminación) son las voladuras y el transporte pesado. (Lea más)

El pasado 9 de Julio, poco después de la decisión de suspensión, los ministerios de Comunicaciones, Energía y Minas y Ambiente presentaron el informe de su estudio sobre las rajaduras en las viviendas cercanas a la mina Marlin. En el estudio los investigadores únicamente observaron las rajaduras presentes en casas cercanas, y no a las que se encuentran lejos de la mina. Además, las observaciones se hicieron por un período de solo cinco meses. En sus resultados, se concluye exactamente lo contrario de lo que presentaron los ingenieros de la UUSC. Es decir, el informe oficial dice que las causas son la mala calidad de la construcción y la actividad sísmica. En su columna de Prensa Libre, Magali Rey Rosa pregunta: “¿por qué no se rajan todas las casas de San Marcos, y solamente las cercanas a la mina? Tal vez tiene que ver con el hecho de que según un informe de Oxfam, en los países empobrecidos que aumentan su dependencia de la extracción de recursos (petróleo, minerales y madera) para la exportación, suben los índices de corrupción gubernamental y violencia.” (Fuente)

Cuando hablamos de las medidas cautelares de la CIDH, no podemos tratarlas una por una, sino que las medidas son complementarias. Por ejemplo, cuando el gobierno anuncia la suspensión de la mina en un municipio donde ya se sabe que las prácticas de intimidación y los sentimientos de inseguridad están presentes, se puede esperar un aumento de la conflictividad y violencia. Con razón la CIDH no únicamente otorgó la suspensión, sino también pidió la provisión de seguridad a la vida y a la integridad física de los vecinos. No es sorprendente que en las últimas semanas ya se está constatando un aumento de la conflictividad y violencia, con dos casos alarmantes de ataques armados hacia líderes de la resistencia. (Lea más) Según los pobladores, no se ha visto ninguna medida de protección.

Mientras tanto, parece que la empresa Goldcorp no está preocupándose mucho. El director ejecutivo para Guatemala, Mario Marroquín, dice en una entrevista que según él, el Gobierno no ha suspendido operaciones, sino que lo único que ha dicho es que iniciará una evaluación para ver si aplica o no la suspensión. Así que las operaciones siguen como antes. (Fuente)

Resulta que hay bastantes razones para preocuparse de un posible incumplimiento del gobierno. Por eso, el día 21 de Julio, la comisión jurídica del CPO, conformada por la COPAE, fundación Rigoberta Menchú, Odhag, líderes de San Miguel, juntos con el obispo Alvaro Ramazzini y la premio nobel Rigoberta Menchú presentaron un amparo contra el gobierno, para que un juez obligue al gobierno a ejecutar las medidas cautelares.

Es importante distinguir dos cosas muy claramente. Aunque el gobierno esté cada vez menos convencido de la necesidad de proteger los derechos humanos de los pobladores, todavía tiene la obligación de cumplir las medidas cautelares.