"A lo largo del año fue creciendo el descontento y el malestar social por las políticas del gobierno, sobre todo en relación con los proyectos de extracción y legislación sobre el uso de la tierra y los recursos naturales".

Así empieza el apartado sobre Perú del último informe "El estado de los Derechos Humanos en el Mundo" de Amnistía Internacional, presentado en Lima el pasado 27 de mayo.

Bagua

La masacre de Bagua tiene mucho resalte en el Informe, recordando los hechos ocurridos y la reivindicaciones de los pueblos indígenas que bloquearon la carretera por más de 50 días.

Se señala el hecho de que la policía hizo un uso excesivo de la fuerza para dispersar a la multitud y en su actuación hirió y mató a personas no relacionadas con la manifestación.

El Informe evidencia que se formularon cargos contra 18 personas por los disturbios registrados durante la protesta y que pero fueron muy pocos los avances en el enjuiciamiento de los miembros de las fuerzas de seguridad responsables de violaciones de derechos humanos contra los manifestantes.

Majaz- Río Blanco

El Informe reporta de las fotografiás publicadas en enero 2009 relacionas a las torturas sufridas por 28 personas y el homicidio de un hombre ocurridos en agosto 2005 en el campamento del proyecto de exploración minera Río Blanco.

En marzo 2009 el Ministerio Público acusó formalmente a los policías involucrados en los hechos pero decidió no actuar contra la empresa minera o sus guardias de seguridad co-responsables de las torturas.

El Informe recuerda también los últimos hechos violentos ocurridos en la zona afectada por el proyecto Río Blanco: el asesinado de dos hombres por mano de la policía en diciembre durante una operacion para detener a un sospechoso de participar en un incendio provocado el 1 de noviembre en un campamento de la empresa Rio Blanco Copper, en el que murieron tres empleados de la mina.

Defensores derechos humanos

El Informe denuncia las amenazas que sufren los defensores de los derechos humanos en Perú, recordando también que las autoridades no transmitieron de manera inequívoca que tales actos no se tolerarían y ni garantizaron investigaciones efectivas sobre las amenazas.