En los últimos seis meses, tres activistas por el medio ambiente que se oponían al proyecto minero de la empresa Pacific Rim El Salvador han sido asesinados.
La empresa es subsidiaria de la corporación canadiense Pacific Rim Mining, que inició en el 2002 labores de exploración minera en la mina El Dorado, a 65 km al noreste de San Salvador, en Cabañas, en la zona del centro de El Salvador.
Aunque la empresa no ha suspendido sus operaciones, el permiso de explotación de oro y plata le fue negado por las autoridades en diciembre del 2008, debido precisamente al rechazo que esa industria generaba en la población y que, en medio de una campaña electoral, motivó al entonces presidente Antonio Saca, de la Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), a negar tal permiso.
Gustavo Marcelo Rivera fue la primera victima de esta serie de asesinatos y amenazas. Aunque los activistas han afirmado que los ataques e intimidaciones empezaron ya en mayo de 2008, cuando comenzó la campaña contra la explotación minera de la zona, estas se intensificaron a partir de enero de 2009, cuando se denunciaron irregularidades electorales tras las elecciones locales.
Gustavo Rivera era director de la Asociación Amigos de San Isidro Cabañas y líder de la campaña contra el proyecto minero de la Pacific Rim Mining Company. Desapareció el 18 de junio 2009 y su cuerpo fue hallado, tras unos días, en Cabañas, atado y con señales de tortura.
El 24 de julio, tres miembros de la emisora de radio comunal, Radio Victoria, comprometida con la información social y derechos humanos, han recibido amenazas de muerte enviadas en cartas anónimas y mensajes sms. La Radio había informado también sobre las campañas contra la explotación minera y había pedido justicia por el asesinado de Gustavo Rivera.
Ramiro Rivero Gómez, otro líder de la resistencia contra la compañía minera canadiense, miembro del Comité Ambiental de Cabañas y de la Mesa20 Nacional frente a la Minería Metálica, ha sido asesinado el 20 de diciembre pasado. El Comité es una organización de base que cuenta con alrededor de 140 miembros que representan a 26 comunidades del departamento de Cabañas. Según testigos, varios sicarios emboscaron su vehículo y le dispararon con armas de grueso calibre, a pesar de la presencia de dos agentes policiales que le brindaban seguridad. Ramiro fue víctima de persecuciones, amenazas de muerte e intentos de asesinato. El último de éstos sucedió el 7 de agosto de este año, cuando recibió ocho disparos de bala por la espalda.
Dora "Alicia" Sorto Recinos, otra integrante del Comité Ambiental fue asesinada el 26 de diciembre de 2009 embarazada de ochos meses. Su esposo, José Santos Rodríguez, es el portavoz del Comité Ambiental de Cabañas.
Pobladores y activistas de la zona piensan que detrás de esta serie de amenazas y asesinatos se encuentra la empresa canadiense, con el propósito de crear un clima de terror y emergencia para dificultar las denuncias y las acciones de los ambientalistas.
Amnistía Internacional ha pedido que se lleve a cabo una investigación inmediata, exhaustiva e independiente sobre las amenazas contra el personal de Radio Victoria y ha instado a las autoridades a proteger a los miembros del Comité Ambiental de Cabañas y a los familiares de éstos que han recibido amenazas.
CDHAL es una organización independiente canadiense que promueve campañas de denuncia y sensibilización sobre violaciones de derechos humanos. En su pagina web cdhal.org/fr/actions es posible enviar una carta a las autoridades salvadoreñas para exigir que se haga justicia por estos asesinados inaceptables.
Los defensores y defensoras de derechos humanos están recibiendo amenazas en toda America Latina. En Mexico en el 2009 han sido asesinadas nueves personas que luchaban en contra de la devastación del medio ambiente. La víctima más reciente es Mariano Abarca, integrante de la organización Dos Valles Valientes, opositora a la minera canadiense Blackfire Exploration, que explota el mineral barita en el municipio de Chicomuselo, Chiapas, e integraba la Red Mexicana de Afectados por la Minería.
Para algunos integrantes de asociaciones de defensa del medio ambiente la presencia de miembros internacionales puede ser una solución eficaz a las continuas amenazas recibidas. El aporte de Brigadas de Paz en Guatemala, que están dando protección a los activistas políticos en Guatemala, Mexico y Guatemala, es muy importante y podría ser útil también en el marco de los derechos ambientales.